Un caso paradigmático sobre responsabilidad civil de actividad y el incumplimiento de la Ley de Contrato de Seguro

Los accidentes sufridos en establecimientos abiertos al público siguen generando una abundante litigiosidad, especialmente cuando concurren deficiencias en la seguridad y el mantenimiento de la explotación. El caso que analizamos a continuación resulta especialmente relevante por la intervención del órgano supervisor (DGSFP) y por la clara delimitación entre las coberturas de responsabilidad civil.

El accidente y la reclamación inicial

Una persona sufrió una caída en un establecimiento abierto al público, accidente que le provocó graves secuelas físicas con importantes consecuencias personales y económicas. Con el objetivo de no perjudicar directamente al titular del negocio, la parte perjudicada optó por reclamar directamente a la aseguradora, al tratarse de un siniestro derivado de la RC de la actividad del asegurado.

Ante la negativa de la compañía de seguros a asumir el siniestro, el asunto fue elevado a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), solicitando un pronunciamiento sobre la cobertura y la responsabilidad.

El criterio de la DGSFP: culpa, negligencia y deber de indemnizar

La DGSFP analizó los hechos a la luz del artículo 1902 del Código Civil, recordando que:

“El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.”

En su resolución, el organismo supervisor concluyó que el asegurado era responsable del siniestro, al no haber cumplido con la normativa de seguridad y mantenimiento exigible a la explotación del establecimiento, circunstancia determinante en la producción del accidente.

La clave jurídica: responsabilidad civil de actividad

Uno de los aspectos más relevantes del expediente fue la correcta interpretación de la póliza. En las condiciones particulares constaba expresamente contratada la cobertura de:

Responsabilidad Civil de Actividad, entendida como aquella que el asegurado deba afrontar como consecuencia de la actividad declarada, incluyendo los actos de empleados, personal en prácticas y terceros vinculados a la actividad, como subcontratistas.

La DGSFP fue clara al señalar que el siniestro no debía encuadrarse en la responsabilidad civil locativa, sino en la responsabilidad civil de actividad, al derivar directamente del incumplimiento de las obligaciones de mantenimiento y seguridad del negocio.

Incumplimiento de la aseguradora y vulneración de la Ley de Contrato de Seguro

A la vista de lo expuesto, la DGSFP resolvió:

• Declarar fundada la reclamación, al apreciar que la aseguradora había incurrido en un incumplimiento de normas imperativas del contrato de seguro.
• Concretamente, de los artículos 18 y 20 de la Ley de Contrato de Seguro, relativos al deber de indemnizar y al devengo de intereses por mora.

Pese a la claridad del pronunciamiento administrativo, la aseguradora no cumplió de forma voluntaria la resolución, lo que obligó a la parte perjudicada a iniciar un procedimiento judicial, que en la actualidad se encuentra pendiente de resolución.

Conclusión

Este caso refuerza varios principios esenciales:

• La importancia de una correcta calificación del siniestro dentro de la póliza.
• La obligación de las aseguradoras de respetar las resoluciones del organismo supervisor.
• La protección del perjudicado frente a prácticas dilatorias contrarias a la normativa aseguradora.

Desde nuestro despacho, insistimos en la necesidad de analizar técnicamente cada póliza y de agotar todas las vías legales para garantizar una indemnización justa a quienes sufren daños por falta de seguridad en establecimientos abiertos al público.

No dudéis en contactar con nuestro responsable Jesús J. Martínez Estaire