Una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 19.ª), dictada el 12/05/2025 (n.º 182/2025, Rec. 261/2024, ponente: F.J. Peñas Gil), viene a consolidar el valor jurídico del burofax como medio fehaciente de comunicación, incluso cuando no es recogido por el destinatario. En plena aplicación de la Ley 1/2025 sobre los MASC, esta doctrina adquiere una especial relevancia para los administradores de fincas en el ejercicio de sus funciones.

Un fallo con implicaciones prácticas en materia arrendaticia
La resolución revoca la sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 103 de Madrid, que había desestimado la demanda de resolución contractual por entender que no se cumplió el plazo de preaviso del art. 10 LAU al no constar la recepción del burofax por la arrendataria. Sin embargo, la Audiencia acoge el criterio del Tribunal Supremo (STS 493/2022, de 22/06), y concluye que la eficacia de la notificación no puede quedar al arbitrio del destinatario.

La Sala declara que la pasividad o negativa del arrendatario a recibir la comunicación no impide que esta surta efectos, máxime cuando fue correctamente dirigida y quedó a su disposición en Correos, siendo finalmente retirada por un familiar.

Esta sentencia cobra especial valor a la luz de la reciente Ley 1/2025, que impone la obligación de acudir a un procedimiento MASC —como la mediación o la conciliación— como requisito de procedibilidad en pleitos civiles y mercantiles, salvo excepciones.

En este nuevo marco, la claridad y trazabilidad de las comunicaciones entre partes adquiere un papel crucial. El burofax, siempre que se practique conforme a derecho, se erige como una herramienta clave para documentar el agotamiento de la vía extrajudicial o las posturas en un eventual proceso de negociación o mediación.

Por tanto, el burofax, bien utilizado, se confirma como una pieza clave en la arquitectura probatoria extrajudicial. Una herramienta sencilla, eficaz y ahora reforzada por la jurisprudencia, que los administradores de fincas deben integrar —con rigor documental— en sus protocolos frente a conflictos con propietarios y terceros.